LIMA (AP) — Keiko Fujimori, la primera mujer en llegar a la presidencia de Perú por el voto popular, tiene ante sí el desafío de frenar la crisis política que comenzó hace una década y sumió al país en la inestabilidad institucional.
Los constantes enfrentamientos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo provocaron desde 2016 la sucesión de ocho presidentes en una década en lugar de los dos que deberían haber gobernado por un mandato de cinco años cada uno.
Fujimori podría tener un camino más allanado para gobernar sin sobresaltos ya que en la conformación del nuevo Parlamento bicameral su partido y su aliado Renovación Popular suman 30 sillas en el Senado, con lo que podrán bloquear cualquier intento de destitución a Fujimori.
En la Cámara de Diputados, sin embargo, esa coalición suma 56 de 130 sillas por lo que la oposición podrá interpelar y censurar a los ministros de Fujimori.
A continuación un detalle de los mandatarios que se sucedieron de la última década en Perú.
El banquero de Wall Street llegó al poder en julio de 2016 tras vencer a Fujimori en un balotaje, pero no logró la mayoría en el entonces Parlamento unicameral. Fuerza Popular, el partido de Fujimori, alcanzó una mayoría absoluta de 73 escaños de un total de 130.
Con ese poder se enfrentó a Kuczynski y respaldó dos procesos de vacancia presidencial. El primero fracasó en diciembre de 2017, pero el segundo fue admitido en marzo de 2018. Kuczynski renunció antes de ser removido por una investigación por presunta corrupción.
El vicepresidente Vizcarra asumió la presidencia en marzo de 2018 tras la renuncia de Kuczynski. Su permanente enfrentamiento con el Legislativo incluyó la disolución constitucional del Parlamento en 2019. En noviembre de 2020 fue destituido por incapacidad moral permanente, basada en la presunta recepción de sobornos cuando era gobernador de la región Moquegua. En 2025 Vizcarra fue condenado a 14 años por sobornos y en la actualidad está recluido en una prisión exclusiva para expresidentes.
El legislador Merino asumió la presidencia interina el 10 de noviembre de 2020 tras la destitución de Vizcarra, pero renunció pocos días después, el 14 de noviembre, luego de masivas protestas nacionales contra su gobierno que dejaron dos muertos y más de 200 heridos. La violenta represión policial desencadenó la renuncia de la mayoría de sus ministros y lo llevaron a dimitir por la pérdida de respaldo político y social.
El legislador Sagasti asumió la presidencia en noviembre de 2020 para conducir la transición hasta las elecciones de 2021. Aunque enfrentó constantes tensiones con un Congreso fragmentado por diferencias políticas, completó su mandato y entregó el poder el 28 de julio de 2021.
El maestro rural llegó al poder tras vencer en un balotaje a Fujimori, pero no consiquió tener mayoría en el Congreso. Tras una permanente confrontación con el Parlamento, en diciembre de 2022 anunció su disolución sin sustento constitucional. El Congreso lo destituyó por incapacidad moral y su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder. En 2025 Castillo fue condenado a 11 años de cárcel por conspiración para una rebelión y sigue investigado por presunta corrupción.
La legisladora y vicepresidenta gobernó desde diciembre de 2022 con una aprobación de apenas 3%, investigaciones por corrupción y tras protestas que exigían nuevas elecciones y que dejaron 50 civiles asesinados por la fuerza pública. El partido de Fujimori ayudó a bloquear siete pedidos de vacancia en su contra, pero en octubre de 2025 apoyó su destitución por incapacidad moral ante el avance del crimen organizado.
El legislador Jerí asumió la presidencia en octubre de 2025 por sucesión constitucional tras la vacancia de Boluarte y gobernó cuatro meses con un Ejecutivo dependiente del respaldo de un Congreso liderado por una coalición integrada por el partido de Fujimori. En febrero de 2026 fue destituido por el Parlamento tras investigaciones por presunto tráfico de influencias referidas a reuniones no declaradas con empresarios chinos y contrataciones irregulares de funcionarias. Jerí negó las acusaciones.
El legislador asumió la presidencia interina en febrero de 2026 tras la destitución de Jerí y gobernó por cinco meses con el respaldo de un Congreso del que dependía políticamente. En su gestión el Parlamento aprobó una ley que permite que los uniformados que cometan delitos sean juzgados por un tribunal militar. Balcázar no convocó a elecciones ya que lo había hecho Boluarte en 2025.
