KISUMU, Kenia (AP) — Durante décadas, grupos antiabortistas estadounidenses han presionado tanto dentro como fuera del país para restringir el acceso al aborto. En Estados Unidos, su mayor logro fue la revocación de Roe vs Wade. Ahora, el gobierno del presidente Donald Trump está dando un nuevo impulso al movimiento que exporta “valores familiares” a naciones en todo el mundo.
En la Marcha por la Vida, una manifestación anual organizada por activistas antiaborto en Washington, el vicepresidente JD Vance anunció nuevas y amplias restricciones al financiamiento estadounidense a organizaciones no gubernamentales, gobiernos extranjeros y agencias de Naciones Unidas que promueven el acceso al aborto, la atención sanitaria de afirmación de género y las
iniciativas de diversidad en el extranjero.
“Vamos a empezar a bloquear a toda ONG internacional que practique o promueva el aborto en el extranjero para que no reciba ni un dólar de dinero de Estados Unidos”, dijo Vance ante la multitud enero.
Las restricciones ampliadas se basan en la labor antiabortista que realizan organizaciones conservadoras estadounidenses sin fines de lucro en el extranjero, especialmente en África, donde la atención de salud depende en gran medida de la ayuda exterior. La región tiene la mayor proporción estimada de abortos inseguros del mundo y las tasas más altas de mortalidad materna, incluida la mayor cantidad de madres fallecidas por cada 100.000 abortos.
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Este reporte forma parte de una serie sobre la mortalidad materna en el África subsahariana, que tiene la población de más rápido crecimiento del mundo y concentra el 70% de las muertes maternas a nivel mundial. En todo el continente se registran alrededor de 180.000 muertes relacionadas con la gestación cada año.
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Las nuevas normas suponen una expansión radical de una política previa de Washington que recortó la asistencia a las organizaciones que prestaban servicios relacionados con la interrupción del embarazo en el extranjero. Expertos señalan que al menos 30.000 millones de dólares en ayudas estadounidenses podrían verse afectados, lo que reconfiguraría las políticas sanitarias en todo el mundo.
“Estamos viendo aquí una oportunidad para tener una ética provida coherente”, declaró a The Associated Press Nicole Hunt, de Focus on the Family, un grupo evangélico cristiano conservador con sede en Colorado. “Hemos estado influyendo en las políticas de salud durante mucho tiempo con nuestra ayuda exterior. Esto es simplemente una nueva dirección”.
En el punto de mira se encuentra una convención internacional firmada por países africanos hace dos décadas que declara el aborto seguro como un derecho humano. El llamado Protocolo de Maputo, obliga a las naciones firmantes a legalizar la interrupción de la gestación en casos de violación, incesto, malformación fetal o riesgo para la salud de la madre. Pero su implementación ha sido irregular, lo que obliga a las mujeres a buscar procedimientos ilícitos. Cada año, en el África subsahariana se registran más de seis millones de abortos inseguros, según el Instituto Africano de Política de Desarrollo.
Envalentonados por las políticas de Trump, los grupos antiaborto estadounidenses tratan ahora de revertir incluso ese acceso limitado al aborto seguro.
En Nairobi, Nardos Hagos, de la Federación Internacional de Planificación Familiar, afirmó que está profundamente preocupada por el futuro.
“Ahora hemos entrado en una nueva era en la que somos nosotros quienes estamos en la oposición, porque los defensores más poderosos e influyentes de la salud reproductiva —Estados Unidos y gran parte de Europa— ahora están más alineados con los grupos antiderechos”, declaró.
“Vamos a ver cómo más mujeres mueren por abortos inseguros”, agregó.
Es difícil hacer un seguimiento del alcance total del financiamiento que las organizaciones benéficas antiabortistas de Estados Unidos envían a África.
La información disponible públicamente a partir de declaraciones fiscales de 17 de esos grupos muestra que los fondos enviados a África aumentaron un 50% entre 2019 y 2022, hasta superar los 16 millones de dólares, según un análisis del Institute for Journalism and Social Change, un grupo de investigación.
Y el financiamiento ha seguido creciendo: los grupos gastaron casi 9,4 millones de dólares en África durante 2023 y 2024, según datos no reportados previamente analizados por el instituto.
Eso es “solo la punta del iceberg”, afirmó Claire Provost, del instituto.
“Lo que estamos viendo aquí es apenas una fracción de lo que es la inversión real en el continente”, explicó, agregando que, a diferencia de otras organizaciones benéficas exentas de impuestos, las iglesias con sede en Estados Unidos y algunos grupos religiosos no están obligados a completar reportes financieros anuales que detallen ingresos, contribuciones y gastos.
No es posible ver “ni siquiera información limitada” sobre cuánto dinero la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entre otras, canaliza hacia África, indicó.
Conocida ampliamente como Iglesia mormona, la iglesia con sede en Salt Lake City está “cada vez más activa en el continente, incluyendo su oposición a cuestiones de derechos sexuales y reproductivos”, dijo Provost. Con más de un millón de seguidores en África, durante los últimos ocho años ha celebrado conferencias bajo el lema “Fortalecer a las Familias” en toda la región.
Sean E.R. Donnelly, responsable de comunicaciones de la iglesia para África, señaló en una entrevista con la AP que aproximadamente una cuarta parte de los 1.500 millones de dólares que la institución gastó en el extranjero el año pasado fue a parar a África, para proyectos de desarrollo “con el objetivo de ayudar a la gente, especialmente a las familias”, incluidos los ámbitos de la salud, la educación y ayuda de emergencia.
Consultado sobre los derechos reproductivos de las mujeres y el aborto, indicó que la iglesia “no está realmente activa” en esas áreas, pero apuntó que esos temas pueden discutirse entre sus socios africanos durante conferencias patrocinadas por la entidad.
“Contamos con el viceprimer ministro, con ministerios de género y con todos los ministros que son relevantes para la familia, y los estamos ayudando... mientras elaboran políticas y estrategias para garantizar la protección de la familia”, señaló Donnelly acerca de las conferencias.
Preguntado por la postura de su iglesia sobre el aborto, envió un comunicado en el que se detalla que, por lo general, se opone al aborto electivo en la mayoría de los casos, pero permite excepciones por violación, incesto o peligro para la salud de una mujer a la hora de asesorar a sus miembros. En un mensaje por correo electrónico añadió que la institución no lleva a cabo actividades relacionadas con el aborto ni con los derechos reproductivos.
El año pasado, la conferencia patrocinada por la iglesia se celebró en Sierra Leona en un momento en que el país estaba a punto de despenalizar el aborto. Pero la presión de grupos religiosos locales frenó el proceso, de acuerdo con organizaciones locales de derechos. Activistas y grupos de derechos han dado la voz de alarma acerca de la influencia de grupos religiosos locales, cuyas estrategias reflejan las de algunos colectivos cristianos conservadores de Estados Unidos. En respuesta a las preguntas de la AP sobre la conferencia y cualquier presión en torno al aborto y otros temas de derechos reproductivos, Donnelly afirmó: “Así no opera la iglesia en África ni a nivel global”.
También remitió a la AP al Caring Report de la iglesia, que describe su labor humanitaria global y no nombra la conferencia.
Es complicado determinar a qué se destinan los fondos estadounidenses una vez que llega a África debido a la laxitud de los requisitos para divulgar datos financieros en países del continente.
Focus on the Family destinó 370.000 dólares a África entre 2019 y 2023, según el Institute for Journalism and Social Change, que sostiene que es probable que la cifra no refleje por completo el alcance de la influencia o el trabajo del colectivo. Hunt, que forma parte del grupo, apuntó que su misión es “cambiar los corazones y las mentes con respecto al aborto” a nivel global, pero explicar sus actividades en África.
Hannah Ruguru prometió ayudar a las mujeres a acceder a abortos seguros después de perder a su hermana por un procedimiento clandestino. Pero su trabajo en una clínica de salud reproductiva en Kisumu, en el oeste rural de Kenia, es cada vez más peligroso.
Ha recibido gritos de manifestantes y sufrió tanto acoso en Facebook que eliminó su cuenta, contó.
“A veces puedes asustarte”, manifestó Ruguru. Pero “al fin y al cabo, estoy ayudando a las mujeres”.
Marie Stopes International, que gestiona la clínica donde trabaja Ruguru, indicó en un reporte en 2024 que, en varios países africanos, su personal recibió ataques en internet y legales por parte de grupos con sede en Estados Unidos y organizaciones locales financiadas desde allí. En Congo, señaló, trabajadores de la salud pasaron días detenidos por brindar servicios permitidos legalmente antes de quedar libres sin cargos.
“El alcance de la oposición ha hecho que los profesionales que practican abortos tengan miedo de ir a trabajar”, dijo el informe.
En Etiopía, el grupo afirmó que la jefa de la oficina local de Family Watch International, con sede en Estados Unidos, ha “apuntado y acosado a miembros de nuestro equipo directivo en redes sociales”, y publicó videos en YouTube que promueven desinformación acerca de la interrupción del embarazo.
En Kenia, se han publicado en internet los nombres y direcciones del personal de organizaciones de derechos reproductivos, acusándolos de asesinato.
El propietario de una clínica privada de abortos en Nairobi dijo que miembros de su personal han sido hostigados por la policía y detenidos. Las autoridades exigen sobornos y amenazan con presentar cargos si no se paga, afirmó el propietario, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Musoba Kitui, director regional de Ipas Africa Alliance, que promueve los derechos reproductivos y el acceso al aborto seguro, manifestó que los cambios en la política de ayuda exterior de Washington, combinados con “este creciente interés estadounidense por la ideología en África, son realmente preocupantes”.
“Creemos que las consecuencias van a ser graves”, advirtió Kitui, especialmente para las mujeres y las comunidades marginadas como la LGBTQ+.
El año pasado, grupos cristianos antiaborto de Estados Unidos, Europa y África y altos funcionarios kenianos se reunieron en Nairobi para una conferencia titulada “Promover y proteger los valores familiares en tiempos difíciles”. El grupo antiabortista Ordo Iuris, con sede en Polonia, distribuyó una guía en cuatro idiomas, incluido el suajili, con consejos sobre cómo cabildear ante instituciones internacionales, incluyendo la ONU, la Unión Europea y la Unión Africana.
Travis Weber, vicepresidente del Family Research Council, un grupo evangélico con sede en Washington activo en la defensa del movimiento antiabortista, apuntó que viajó a Nairobi para “defender a la familia tal como Dios la diseñó”.
Charles Kanjama, vicepresidente del African Christian Professionals Forum, organizador de la conferencia, señaló que anteriormente la ayuda internacional solía respaldar los derechos reproductivos, pero los tiempos han cambiado.
“Esperamos que... podamos empezar a atraer dinero de personas que piensan como nosotros”, dijo Kanjama, uno de los nombres más reconocidos del movimiento en África. “En realidad, es una guerra cultural".
De hecho, la agenda antiaborto está cobrando impulso. En junio, representantes de 20 países del continente finalizaron un borrador de carta en una conferencia en Ghana que pide rechazar los derechos de salud sexual y reproductiva. La Unión Africana votará sobre ella el próximo año. La cofundadora de Family Watch International, Sharon Slater, estuvo entre quienes recaudaron fondos para la aprobación de la carta en el Parlamento Europeo en Bruselas este año.
En Kenia, uno de los países más ricos de África, mueren cada día un promedio de siete mujeres por complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones inseguras, de acuerdo con el African Population and Health Research Center.
La Constitución del país, de 2010, permite la interrupción del embarazo cuando la salud o la vida de la mujer estén en peligro. Fallos judiciales posteriores han autorizado el procedimiento también en casos de violación, incesto o amenaza grave para la salud mental de una mujer.
Pero existe una importante zona gris jurídica. El código penal de la nación, que data de la era colonial, sigue criminalizando a quienes practican los abortos y a las mujeres que los solicitan, que pueden enfrentar penas de hasta 14 años de prisión.
La mayoría de los hospitales públicos no los realizan, lo que coloca a las mujeres ante la disyuntiva de recurrir a costosos procedimientos en clínicas privadas o a métodos ilícitos peligrosos, según funcionarios de salud.
Un tribunal de apelaciones en Kenia anuló en mayo un fallo que afirmaba que el acceso al aborto es un derecho fundamental, un caso encabezado por Kanjama, quien dijo que la decisión “restauró el equilibrio constitucional”.
Los ministerios de Salud y Justicia de Kenia, y la oficina del portavoz del gobierno no respondieron a repetidos pedidos de comentarios de la AP, que incluyeron preguntas detalladas enviadas por correo electrónico.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en respuesta a una solicitud de comentarios de la AP sobre las nuevas normas del gobierno de Trump que rigen la ayuda exterior del país, dijo: “El pueblo estadounidense espera que el dinero de sus impuestos apoye programas que salvan vidas... y reflejen valores estadounidenses, no que financien actividades relacionadas con el aborto, agendas sociales de izquierdas o burocracias extranjeras derrochadoras”.
“La ayuda de Estados Unidos sigue respaldando una amplia gama de servicios de salud materna e infantil como parte de la Estrategia de Salud Global Estados Unidos Primero”, dijo en un comunicado.
En Kenia, los médicos están obligados a tratar a las mujeres que sufren complicaciones derivadas de un aborto, a menudo por procedimientos clandestinos, incluidas hemorragias, infecciones y la pérdida del útero, y son esos casos los que con frecuencia terminan en hospitales públicos.
“Para cuando las mujeres llegan, a menudo estamos ante una situación que pone en peligro su vida”, dijo Dominic Omollo, coordinador de salud reproductiva en Bondo, en el oeste del país.
Aunque el objetivo declarado de los grupos antiabortistas estadounidenses, internacionales y con base en África es proteger la vida, activistas y profesionales sanitarios sostienen quel sobre el terreno, el resultado son más abortos inseguros y más mujeres que pierden la vida.
En Karabok, una aldea de la Kenia rural, se plantaron dos árboles en el lugar donde está enterrada Mary Olouch, a solo unos metros (pies) de donde la joven de 25 años murió desangrada tras un aborto ilegal.
“No se lo contó a nadie”, dijo Loice Ochieng, una voluntaria de salud comunitaria encargada de planificación familiar en la aldea.
Olouch ya tenía un hijo pequeño cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. No se lo dijo a su esposo. Cuando él llegó a casa una noche, la encontró sangrando y la llevó de urgencia al hospital, pero era demasiado tarde.
Olouch no calificaba para un aborto en un hospital público y no podía pagar una clínica privada con sus escasos ingresos como vendedora de pescado. El aborto conlleva un enorme estigma en las comunidades rurales, y los esposos no suelen permitir que sus parejas usen anticonceptivos, indicó Ochieng.
Tras la muerte de Olouch, las mujeres empezaron a hablar más abiertamente sobre el aborto en Karabok, donde para muchas incluso pronunciar la palabra había sido tabú, añadió.
Ahora, dijo, si las mujeres “tienen un problema, vienen a mí, preguntan. Porque han visto que esto puede causar la muerte”.
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Beaty informó desde Nueva York. Las periodistas de The Associated Press Evelyne Musambi en Nairobi y Caitlin Kelly en Freetown, Sierra Leona, contribuyeron a este despacho.
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Para más sobre África y desarrollo: https://apnews.com/hub/africa-pulse
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
