ISLAMABAD (AP) — Pakistán rechazó el jueves el llamado de Amnistía Internacional a investigar un ataque aéreo de marzo contra un centro de rehabilitación de drogadicción en la capital afgana que, según el grupo de derechos, podría constituir un crimen de guerra; desestimó las acusaciones por considerarlas infundadas y describió la operación como un acto legítimo de autodefensa.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tahir Andrabi, declaró
en una rueda de prensa en Islamabad que Pakistán “rechaza por completo las acusaciones” formuladas por Amnistía Internacional, y calificó de “lamentable” que se hubieran hecho señalamientos tan graves “sin ninguna prueba creíble”.
Sus declaraciones se produjeron un día después que Amnistía Internacional afirmara que no había encontrado pruebas que respaldaran la afirmación de Pakistán de que el centro de rehabilitación de adicción a las drogas Omid de Kabul estaba siendo utilizado con fines militares o para almacenar armas y municiones cuando fue atacado el 16 de marzo.
Afganistán ha señalado que el ataque mató a unos 400 civiles. Autoridades paquistaníes cuestionan esa cifra de muertos y sostienen que el ataque tuvo como objetivo un sitio militar legítimo.
Amnistía Internacional detalló que analizó más de 60 fotos y videos, incluido material difundido por el ejército de Pakistán, revisó más de 30 imágenes satelitales y entrevistó a testigos y otras fuentes. Agregó que preguntó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán el 9 de julio si se había iniciado una investigación y solicitó pruebas que respaldaran la justificación de Pakistán para el ataque, pero que no había recibido respuesta antes de publicar su informe.
El ataque se produjo en medio de meses de crecientes hostilidades transfronterizas entre Pakistán y Afganistán.
Pakistán acusa al gobierno talibán de Afganistán de dar refugio a milicianos, en particular a los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) de quienes afirma que llevan a cabo ataques mortales dentro de Pakistán. El TTP es un grupo separado, pero un aliado cercano de los gobernantes talibanes de Afganistán. Las autoridades afganas niegan la acusación.
La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) informó en mayo que había verificado de manera independiente al menos 269 muertes de civiles y 122 heridos por el ataque, y advirtió que el saldo real podría ser significativamente mayor. Posteriormente, las autoridades afganas celebraron funerales masivos por las víctimas.
Al responder a los hallazgos de Amnistía Internacional, Andrabi sostuvo que las autoridades talibanes de Afganistán seguían proporcionando un entorno permisivo para grupos milicianos, incluido el TTP y el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán, acusaciones que Kabul ya había negado anteriormente.
Miles de paquistaníes murieron o resultaron heridos en ataques planificados desde territorio afgano, afirmó.
“Cualquier ataque militar de Pakistán se llevó a cabo en el ejercicio de su derecho a la autodefensa conforme a los principios de necesidad y como medida de último recurso, y estuvo dirigido única y exclusivamente contra terroristas y sus bases de apoyo logístico en Afganistán”, señaló Andrabi. Añadió que Pakistán rechazaba las conclusiones de Amnistía Internacional.
También instó a la comunidad internacional a exigir responsabilidades a las autoridades talibanes de Afganistán a fin de impedir que el territorio afgano sea utilizado para lanzar ataques contra Pakistán, y afirmó que Islamabad se reservaba el derecho de todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de su población.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
