KEY WEST, Florida, EE.UU. (AP) — Durante más de un mes, Bobby Kuchinsky llegaba a su restaurante cada mañana sintiéndose preocupado por si todavía tenía suficiente personal o si ese pudiera ser el último turno para algunos de sus trabajadores haitianos, que han pasado más de una década como cocineros, ayudantes de mesero y abridores de ostras.
El martes, suspendió a seis de ellos después de que perdieran la autorización para trabajar en Estados Unidos.
Kuchinsky y miles de dueños y gerentes de negocios viven en un estado de incertidumbre constante porque la confusión empaña el estatus de los permisos de trabajo de empleados haitianos con Estatus de Protección Temporal, más conocido como TPS, por sus siglas en inglés.
Como parte de su ofensiva contra la inmigración legal e ilegal, el gobierno del presidente Donald Trump puso fin al TPS para cerca de 1 millón de personas de más de una docena de países, entre ellas, 350.000 haitianos que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos desde 2010. La finalización, que los expuso a la deportación, fue impugnada en tribunales de distrito. La Corte Suprema se puso del lado del gobierno el 25 de junio, lo que permitió que el programa TPS terminara.
Los casos regresaron a los tribunales inferiores, que por lo general tardan 32 días en anunciar sus decisiones tras las recomendaciones del máximo tribunal. Mientras tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos extendió los permisos de trabajo de los haitianos. La agencia solía actuar el mismo día en que vencían los permisos y ofrecía prórrogas de apenas unos días, lo que generaba confusión y desesperación entre los empleadores y la comunidad haitiana.
Luego, el lunes, los permisos de trabajo no fueron extendidos y el miedo aumentó, no solo por la pérdida de empleos, sino también por la posibilidad de arresto y deportación a uno de los países más pobres y violentos del hemisferio occidental.
Casi 1,5 millones de personas han sido desplazadas por la violencia de las pandillas en Haití, donde más de la mitad de los casi 12 millones de habitantes del país necesitan ayuda humanitaria. Más de 2.300 personas han muerto y más de 1.100 han resultado heridas desde enero, según las Naciones Unidas.
Hasta el momento, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración no ha respondido a un correo electrónico de The Associated Press en el que se solicitaba una aclaración sobre la validez de los permisos de trabajo.
En una declaración escrita a AP, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que el TPS fue creado como un programa temporal, y la agencia alentó a los haitianos a solicitar un cheque de 2.600 dólares para comprar un “vuelo gratis a casa”.
“Es hora de cerrar, lo que significa que no tienen que irse a casa, pero no pueden quedarse aquí”, indicó el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.
Como hacía cada mañana, Kuchinsky, gerente general del Half Shell Raw Bar en Key West, ingresó el martes al sitio web del gobierno para verificar los permisos de trabajo de seis empleados haitianos beneficiarios del TPS. Esta vez se enteró de que sus permisos ya no eran válidos.
“Les dije que están suspendidos”, contó después de reunirse con sus empleados. “Fue horrible. No fue nada agradable... tenían miedo en el rostro, lágrimas en los ojos”.
El gerente, que ha trabajado en el restaurante durante más de 35 años, afirmó que seguirá revisando el sitio web por si hay cambios. Explicó que decidió suspender a los empleados porque es más fácil que volver a contratarlos, en caso de que en algún momento se les permita trabajar de nuevo.
Antes de que se fueran, les entregó un paquete con información sobre sus derechos y los documentos que necesitarían en caso de ser detenidos. Planea pagarles una indemnización el viernes, si nada cambia.
Miriam Singer, directora ejecutiva de Jewish Community Services of South Florida, dijo que la organización avisó a 18 empleados que ya no eran elegibles para trabajar.
“Ha sido un proceso muy duro”, afirmó. “Están devastados y sin un camino a seguir para cuidar de ellos mismos y de sus familias”. Los trabajadores haitianos brindaban atención domiciliaria a sobrevivientes ancianos del Holocausto.
Robert Dominguez, asesor jurídico general adjunto de Engage PEO, una consultora de recursos humanos, dijo que el TPS ha estado “muy presente” para muchas empresas. Señaló que a los empleadores les resulta difícil seguir el ritmo de los cambios del gobierno, en particular en industrias como la construcción, la hotelería y los cuidados de larga duración, que dependen de trabajadores de fuera de Estados Unidos.
“Uno solo ve un cambio tras otro. Uno ve un montón de alertas”, señaló Dominguez. “No creo que sea algo claro para la mayoría de los empleadores”.
Katie Smith Sloan, directora ejecutiva de LeadingAge, que representa a hogares de cuidados de larga duración sin fines de lucro, dijo que las instalaciones afiliadas han estado en vilo.
“Estos proveedores y los propios pacientes han lidiado con muchísima incertidumbre durante meses y meses”, expresó. “Y ahora todo se percibe como si estuviera a punto de llegar a un punto crítico”.
Para algunos de los titulares del TPS, regresar a Haití es una posible sentencia de muerte.
Uno de los trabajadores del Half Shell dijo que dejó Haití por la violencia de las pandillas, llegó a Estados Unidos en 2016, obtuvo un permiso de trabajo unos meses después y solicitó el TPS en 2020. Desde entonces, ha trabajado en la industria de restaurantes lavando platos.
“Cada día se siente como el último día”, dijo el hombre de 62 años, que habló bajo condición de anonimato por temor a que pudiera ser detenido. “No sé cómo voy a vivir —pagar el alquiler, comprar comida— si no trabajo”.
El hombre, que alquila una habitación en una casa móvil, dijo que envía alrededor de 550 dólares al mes a su esposa y a dos hermanos en Haití. Pero solo pensar en volver allí le da pánico.
“Tengo miedo de que me detengan, me deporten y me manden de vuelta a Haití, de que me maten allá”, dijo en voz baja, con la mirada hacia abajo.
Sus dos hijos adultos, que también viven en Estados Unidos, fueron beneficiarios del TPS y están solicitando asilo, agregó.
Kuchinsky dijo que también le preocupan 19 de sus empleados con casos de asilo pendientes. El gobierno también ha puesto en la mira a solicitantes de asilo, y muchos han sido detenidos en Key West, un destino turístico en el extremo sur de Estados Unidos, señaló.
Entre ellos está Bendy Gabriel, quien trabajó en campos de arroz y dejó Haití en 2017 tras recibir amenazas de muerte. Primero viajó a Chile, donde trabajó en construcción, pero después de tres años se mudó a Estados Unidos porque no ganaba suficiente dinero para enviar a su familia en Haití.
Gabriel, su esposa y su hijo —que entonces tenía 5 años— llegaron a Estados Unidos en diciembre de 2021 y cinco meses después solicitaron asilo.
Pero el proceso fue lento, y también solicitaron el TPS. Ahora que el TPS terminó, dijo que puede seguir trabajando hasta que su permiso venza en 2030, aunque no se siente seguro.
“Algunos días tengo miedo. Si los agentes de inmigración me atrapan y me llevan de vuelta a mi país, me van a matar cuando llegue”, dijo el hombre de 36 años.
Gabriel, que tiene un hijo de 4 años nacido en Estados Unidos, trabaja como cocinero en el Half Shell y en otro restaurante. Gana alrededor de 5.000 dólares al mes, suficiente para pagar 2.400 dólares de alquiler, comprar comida y enviar al menos 300 dólares al mes a su padre en Haití.
“Si perdemos nuestros trabajos, no solo nos afecta a nosotros”, afirmó. “¿Cómo vamos a arreglárnoslas para enviar dinero a nuestras familias en Haití para que puedan comer?”
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Sedensky informó desde Nueva York.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
