WASHINGTON (AP) — Durante un discurso a la nación en horario estelar, el presidente estadounidense Donald Trump dio a conocer gran cantidad de documentos que según sus aliados eran prueba irrefutable que demostraría sus acusaciones —desacreditadas hace tiempo— de que se cometió un fraude electoral masivo.
En sus declaraciones desde la Casa Blanca el jueves por la noche, describió revelaciones impactantes, entre ellas la injerencia china para socavar su candidatura fallida en 2020, así como un encubrimiento por parte del “Estado profundo”. Alegó que “a los estadounidenses se les mintió descaradamente sobre la seguridad de nuestra infraestructura electoral”.
Pero una revisión realizada por The Associated Press no encontró tal confirmación en la
colección de informes recientemente desclasificados, archivos de investigación, análisis de inteligencia y correspondencia diversa. Muchas páginas tienen tantas partes censuradas que sus conclusiones no son claras. Otras describen vulnerabilidades y evaluaciones que han sido bien documentadas durante años. Y no hay evidencia de que China ni ninguna otra entidad extranjera haya manipulado la votación en 2020 ni en ningún otro año.
“La Casa Blanca prometió que sería una revelación impactante, y lo que entregó fue un fiasco”, dijo David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, quien asistió a una sesión informativa sobre el material en la Casa Blanca antes del discurso. A pesar de lo que parecía ser un empeño concertado por parte de los funcionarios del gobierno, “no había absolutamente nada nuevo aquí, nada que siquiera ponga en tela de juicio elecciones pasadas, y ciertamente no las elecciones de 2020”.
Este es un vistazo a lo que dicen los documentos.
“A partir del ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se cree que es la mayor vulneración de datos electorales de la historia, lo que resultó en la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de archivos de votantes estadounidenses”, manifestó Trump el jueves por la noche.
No obstante, no hay evidencia de que Beijing realmente haya utilizado esa información de alguna manera.
Desde hace tiempo se sabe que el gobierno chino recopila enormes volúmenes de datos sobre los estadounidenses, sin relación con ningún intento de manipular votos o alterar resultados electorales. Las versiones públicas de los registros electorales están ampliamente disponibles, incluso en línea, y las campañas y los partidos políticos pueden comprarlas y venderlas para saber en qué puertas tocar y a dónde enviar correspondencia.
Los empeños del gobierno chino por influir en la campaña de 2020 ya estaban bien documentados, y no existía ninguna evaluación de que hubiera interferencia electoral directa. Los documentos publicados el jueves por la noche no refutan esa conclusión, pero revelan un debate interno en la comunidad de inteligencia sobre cómo caracterizar las iniciativas y las motivaciones de Beijing.
Los correos electrónicos muestran que una opinión disidente sostenía que China había tomado medidas para “denigrar” a Trump. Pero esa perspectiva, lejos de estar oculta, ya se reflejaba en la evaluación de la comunidad de inteligencia realizada tras las elecciones.
El viernes, China calificó las acusaciones de Trump de “infundadas” y “completamente inventadas”, y dijo que nunca ha interferido en las elecciones estadounidenses ni tiene interés en hacerlo.
En sus declaraciones, Trump destacó la publicación de una nueva investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), con base en los padrones electorales estatales y registros públicos, que, según él, identificó a aproximadamente 278.000 extranjeros inscritos para votar en las elecciones federales.
El informe señala que la agencia descubrió a más de un cuarto de millón de extranjeros inscritos ilegalmente para votar en California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada, con base en registros públicos, que a menudo son erróneos o incompletos. Otros 28.000 extranjeros, agregó, se encontraron en los padrones electorales de 25 estados mediante el nuevo sistema Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés).
No obstante, no existe ninguna acusación de que alguna de esas personas haya votado, lo cual constituiría un delito.
Esos datos tampoco han sido verificados. Diversos informes han revelado que la base de datos del sistema SAVE está llena de errores, incluida información desactualizada que con frecuencia ha clasificado a ciudadanos naturalizados como no ciudadanos. De hecho, un juez federal prohibió la utilización de esa base de datos, por temor a que se elimine indebidamente a votantes del padrón electoral.
Los estudios han encontrado que el voto de extranjeros es extremadamente raro. Por otra parte, los extranjeros sí pueden votar en algunas elecciones locales, y por ese motivo podrían figurar en el padrón.
Desde hace años, Trump ha criticado la evaluación de la comunidad de inteligencia que dice que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 para ayudarlo a ganar. Pero los documentos arrojan nueva luz sobre los empeños que Moscú sigue realizando en ese sentido.
Un documento desclasificado de 2020 presenta a Rusia como el país que más ha intentado infiltrarse en los sistemas electorales estadounidenses, pero con el objetivo de derrotar a Joe Biden. Revela cómo el Kremlin trabajó para amplificar las acusaciones de que Biden, mientras era vicepresidente, se involucró en comportamiento inapropiado relacionado con Burisma, la empresa energética ucraniana que empleaba a su hijo Hunter, una acusación que Trump y los republicanos repiten con frecuencia.
“Su objetivo es derrotar al exvicepresidente y asegurar la victoria del presidente”, se lee en el documento del Consejo Nacional de Inteligencia.
En el documento se añadía que tanto China como Irán deseaban la derrota de Trump. Pero incluía un cuadro que documenta los empeños conocidos de cada país. Sólo Rusia figuraba como país con antecedentes de participar en “la infiltración, el acceso o la manipulación de procesos electorales o sistemas relacionados con las elecciones”. Moscú siempre ha negado su injerencia en los asuntos estadounidenses.
Muchos de los documentos publicados se refieren a un caso de Michigan en el que una operación de captación de votos aparentemente a favor de Biden presentó miles de registros de votantes cuestionables a un funcionario electoral local en 2020. El funcionario no aceptó los registros y le avisó a las autoridades.
Los documentos incluyen notas de cuando menos un agente del FBI, fuertemente censuradas, que indican que el agente intentó, sin éxito, que se realizaran más investigaciones y se presentaran cargos hasta 2024. Republicanos de Michigan se quejaron en 2023 de que el fiscal general demócrata del estado no presentó cargos contra nadie.
No obstante, el caso se cerró “porque se agotaron las investigaciones lógicas y/o las pistas, y la investigación realizada hasta la fecha no identificó una violación de tipo penal ni una amenaza prioritaria para la seguridad nacional”, según uno de los documentos.
Los documentos, le dijo Trump a la nación, incluían información de inteligencia que “revelaba vulnerabilidades alarmantes en nuestra infraestructura electoral”, lo que la hace vulnerable “al hackeo informático, la explotación y la injerencia extranjera”.
Un informe incluía una lista de filtraciones recientes —en su mayoría por parte de Rusia— e instaba a los funcionarios electorales estatales y locales a reforzar sus defensas para evitar que la información fuera utilizada con el fin de obtener votos por correo o alterar los padrones electorales. Los funcionarios electorales reconocen que las máquinas de votación también conllevan riesgos, razón por la cual no confían únicamente en ellas para garantizar la exactitud del voto. Salvaguardas como la seguridad física, las pruebas de los equipos, las copias de seguridad de las papeletas en papel y las auditorías postelectorales ayudan a detectar errores en las máquinas o amenazas.
Pero no está claro qué hace el gobierno para facilitar esas labores. Previamente este mes, Trump destituyó a miembros de una comisión electoral federal bipartidista que distribuye subvenciones federales a los estados, supervisa las pruebas de los sistemas de votación y mantiene el formulario nacional de registro de votantes, luego de que el grupo se opusiera a sus intentos de exigirles a los posibles votantes que presentaran documentos que demostraran su ciudadanía estadounidense antes de empadronarse.
Trump también ha recortado millones de dólares en fondos federales a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA, por sus siglas en inglés), que ayudaba a los funcionarios electorales estatales y locales a garantizar la seguridad de las elecciones, y disolvió un grupo de trabajo del FBI dedicado a investigar operaciones de influencia extranjera, incluidas aquellas cuyo objetivo son las elecciones estadounidenses.
Los documentos hacen referencia reiterada a los riesgos que representan las grandes bases de datos de información de votantes, incluidas las bases de datos de registro y los sitios web electorales, a los cuales podrían tener acceso adversarios extranjeros, y podrían manipularlos.
No obstante, el sistema SAVE, que Trump ha insistido que los estados adopten, ha sido criticado por ser una base de datos federal centralizada e ilegal de información de votantes, que podría ser otro blanco para el robo o la manipulación de datos.
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Colvin informó desde Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Nicholas Riccardi, Ali Swenson, Katie Vogel y Mary Clare Jalonick contribuyeron a este despacho.
