SAO PAULO (AP) — El pueblo indígena ashaninka —que recuperó su territorio en la frontera brasileña con Perú de manos de colonos hace tres décadas, estableció y sostiene su propio sistema de gobierno, y cultiva alimentos mientras protege el bosque— ha sido durante mucho tiempo una historia de éxito para comunidades de toda la Amazonía. Pero ahora su forma de vida enfrenta una amenaza violenta.
Pandillas y narcotraficantes están invadiendo cada vez más
las tierras ashaninka y utilizando los ríos de la Amazonía y las zonas aledañas para traficar drogas. Líderes ashaninka dicen que han denunciado episodios violentos —inclusive en este mes— y han pedido protección, incluida una reunión con funcionarios brasileños en la capital el jueves. Se han desplegado fuerzas de seguridad. Pero en esta región su presencia suele ser temporal, mientras que las amenazas son permanentes, según señalan diversos pueblos indígenas.
La invasión del territorio ashaninka forma parte de una amplia transformación de la frontera amazónica a medida que se expanden las rutas criminales, a través de lo que expertos llaman la ruta del río Solimões.
Los territorios indígenas son clave para esta ruta. Expertos sostienen que proteger las tierras indígenas es una de las maneras más eficaces de frenar la deforestación en la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo y un regulador clave del clima global. Pero los mismos bosques que estas comunidades ayudan a proteger las dejan vulnerables: la densa cobertura arbórea en zonas remotas y de difícil acceso ofrece escondites atractivos para los narcotraficantes.
Pese a las exhortaciones a las autoridades, los ashaninka y otros pueblos indígenas dicen que la ayuda del gobierno brasileño es insuficiente.
“Hay un punto ciego institucional e intercultural en los servicios de seguridad pública que se brindan a los pueblos indígenas”, expresó el mayor Jonatas Soares, un agente de policía que vive en la ciudad fronteriza de Tabatinga, en el estado brasileño de Amazonas, cerca de Colombia y Perú.
“El Estado reconoce formalmente sus territorios, pero no logra traducir esa presencia en una protección continua adaptada a sus necesidades específicas”, agregó.
La ruta del río Solimões, que incluye una serie de ríos navegables que van desde la frontera con Perú hasta Manaos, en Brasil, se ha convertido en la última década en una vía principal para trasladar cocaína producida en Perú, Colombia y Bolivia hacia los puertos brasileños en la costa atlántica, desde donde luego se canaliza a mercados internos y del exterior, particularmente en Europa.
Ahora esta ruta está controlada en su mayor parte por la banda brasileña Comando Vermelho, señaló el coronel César Mello, un expolicía retirado del estado de Amazonas y profesor de la Universidad Federal de Pará y de la Universidad del Estado de Amazonas.
La ubicación remota de los territorios indígenas, la falta de supervisión gubernamental, las barreras lingüísticas y las diferencias culturales “hacen que los pueblos indígenas sean una población vulnerable y una fuente de mano de obra atractiva para las organizaciones criminales”, agregó Mello.
Los grupos criminales suelen reclutar a jóvenes indígenas, ofreciéndoles dinero y estatus en comunidades donde las oportunidades económicas son escasas. Cuando eso no funciona, recurren a la violencia, agregó Mello.
Los ashaninka se han convertido en un obstáculo persistente para las redes de tráfico en Perú y Brasil.
En el pasado, narcotraficantes se acercaron a la comunidad con la intención de construir una pista de aterrizaje clandestina dentro de su territorio. Los ashaninka se negaron.
“Tenemos una larga historia de oponernos a cualquier tipo de actividad ilegal”, señaló Francisco Piyãko, coordinador de la Organización de los Pueblos Indígenas del Río Juruá.
Las tensiones locales se intensificaron este mes después de que, según reportes, un grupo de hombres armados invadiera el territorio indígena kampa, ubicado a lo largo del sinuoso río Amônia, en el oeste de la Amazonía. Un grupo de cinco hombres hispanohablantes, que portaban ametralladoras, amenazó a familias y buscó a los principales líderes del territorio el 6 de julio.
Piyãko presentó una denuncia formal ante las autoridades del estado de Acre y el Ejército brasileño, lo que motivó el despliegue de fuerzas de seguridad.
“Una cosa es que personas de fuera entren en nuestro territorio para robar recursos, como madera y fauna silvestre. Pero esto fue distinto. Entraron en nuestra tierra buscando a nuestros líderes, con la intención de matarlos”, expresó Piyãko.
Los ministerios de Pueblos Indígenas y de Justicia de Brasil no respondieron a solicitudes de comentarios. El Ejército brasileño y la oficina de prensa del gobierno del estado de Acre tampoco respondieron.
La cancillería informó que sus representantes recibirían a los líderes ashaninka en Brasilia para escuchar sus preocupaciones y evaluar otras acciones aplicables, junto con el gobierno de Perú.
Previamente este año, Flávio Dino, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, le ordenó al gobierno federal intensificar las labores contra las organizaciones criminales que operan en la Amazonía, citando registros oficiales e investigaciones que mostraban su creciente presencia y amenaza para las comunidades indígenas.
La comunidad está conmocionada por las amenazas recientes, pero decidida a resistir. Sin embargo, Piyãko subrayó que enfrentar a grupos criminales armados no es responsabilidad indígena, sino deber del Estado, tanto de Brasil como de Perú.
“Permitieron que esto ocurriera por su ausencia, así que cargan con esa responsabilidad”, agregó.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
