SANTIAGO (AP) — Más de medio siglo ha pasado para que se cumpliera la justicia.
La policía chilena arrestó y encarceló el fin de semana a un coronel militar retirado que estaba prófugo de la justicia desde hace tres años tras haber sido condenado por el secuestro y asesinato del popular cantautor chileno Víctor Jara durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Pese a la detención, la familia del artista asegura que “es difícil considerar esto
como justicia”.
“Nos enteramos de que el coronel en retiro Nelson Haase Mazzei, quien se encontraba prófugo de la justicia desde el 2023, fue encontrado y encarcelado. Una noticia que valoramos”, dijo en una carta la hija del artista, Amanda Jara, publicada la noche del domingo. Sin embargo, "es difícil considerar esto como justicia”, completó.
Fue el sábado cuando las autoridades detuvieron al exoficial del Ejército Nelson Haase Mazzei, un prominente militar contra quien pesaba una condena de 25 años y dos días de cárcel por el homicidio y secuestro de Jara y del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal.
Haase Mazzei fue condenado en 2018 y tuvo la pena aumentada en 2023 junto a otros seis militares por el crimen, considerado uno los más emblemáticos acerca de la violencia política y brutalidad que caracterizó la dictadura de Pinochet, que dirigió al país entre 1973 y 1990 y dejó decenas de miles de víctimas, entre asesinados, torturados, exilados y detenidos desaparecidos.
Pero el exfuncionario, de 80 años, se dio a la fuga tras conocer la sentencia. Finalmente fue localizado y arrestado tres años después, con la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ordenando su “ingreso inmediato a prisión”, informó el Poder Judicial. La institución agregó que Haase Mazzei era el único de los condenados que no había empezado a cumplir su pena.
Símbolo de la llamada Nueva Canción Chilena, un movimiento musical y social nacido en la década de 1960, Jara fue asesinado el 16 de septiembre de 1973, tan solo cinco días después del golpe de Estado que derrocó al expresidente Salvador Allende.
Entonces con 40 años, el artista --quien también era director de teatro, ejercía como profesor en la Universidad Técnica del Estado y militaba en el Partido Comunista de Chile-- fue detenido en el recinto educacional y conducido al Estadio de Chile, hoy rebautizado estadio Víctor Jara. Allí, fue separado de los casi otros 5.000 prisioneros y llevado a una zona particular del local. Junto a Quiroga, fue torturado, violentamente agredido y por fin ejecutado.
Jara tenía múltiples fracturas en su cuerpo y 44 impactos de bala.
En 1991, meses después del debacle de Pinochet y con la restauración de la democracia, un informe oficial de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación determinó que Jara fue víctima de una ejecución política y calificó su asesinato como una grave violación a los derechos humanos. Asimismo, encontró que, en tan solo tres meses, 890 personas fueron muertas a consecuencia directa del golpe militar.
“Esperamos que la PDI (Policía de Investigaciones) logre encontrar a todos los fugados por crímenes de lesa humanidad”, concluyó en su carta Amanda Jara, quien hoy también está al frente de la Fundación Víctor Jara.
En las últimas décadas, Chile ha establecido una serie de comisiones de la Verdad para investigar y averiguar responsabilidades de las violaciones cometidas entre 1973 y 1990, que van desde asesinatos y torturas hasta desapariciones forzosas y adopciones ilegales de niños.
Documentos oficiales estiman que a lo largo de sus 17 años, la dictadura militar dejó a unas 40.000 víctimas, entre ellas más de 2.000 ejecutados y 1.469 víctimas de desaparición forzada. Los tribunales han condenado a cientos de agentes estatales y civiles por los crímenes en el periodo, aunque no existe una cifra única e institucional consolidada que agrupe a todos los sentenciados.
Desde 2024, el país impulsa además el llamado Plan Nacional de Búsqueda, con el objetivo de unificar las cifras y trazar una hoja de ruta para la búsqueda de detenidos desaparecidos cuyo paradero aún es desconocido, una labor que por años ha recaído en el esfuerzo de familiares y agrupaciones de víctimas de la dictadura.
