WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump logró el jueves que gobernadores y compañías eléctricas se sumaran a un compromiso voluntario para proteger a los consumidores de Estados Unidos contra el incremento en las facturas de servicios públicos debido a los centros de datos, una señal de cómo la expansión de la inteligencia artificial se ha convertido en un foco de controversia antes de las elecciones de mitad de mandato.
El presidente anunció
por primera vez el compromiso con importantes empresas de IA y tecnología en marzo, pero ese acuerdo inicial ha hecho poco para tranquilizar a los votantes, que ya lidian con problemas de asequibilidad al tiempo que les preocupa competir por electricidad, agua y tierra con empresas tecnológicas controladas por multimillonarios. Con la demanda de electricidad ya en aumento, no está claro si los consumidores verían ahorros reales.
Trump redobla la apuesta por el compromiso en un momento en que el contrato social en general está siendo reescrito por la IA, una tecnología que evoluciona tan rápido en sus capacidades que los gobiernos batallan para determinar cómo supervisarla.
En declaraciones sobre el compromiso en la Agencia de Protección Ambiental, el presidente instó a los ejecutivos y gobernadores reunidos a convencer al público sobre los centros de datos, subrayando que las ciudades y pueblos que los tengan serán “ricos”.
“Ustedes tienen que convencer a su comunidad”, afirmó Trump. “No pueden luchar contra esto. Tienen que sumarse”.
“Si ustedes no toman todo ese dinero, alguien más lo va a tomar. Más vale que lo hagan ustedes mismos”, añadió el presidente.
El presidente prometió que los precios de la electricidad bajarían gracias al compromiso no vinculante, al señalar que habría un excedente de energía. No se sabe si los centros de datos que generen su propia electricidad serán suficientes para contrarrestar el aumento de la demanda, pero eso no impidió que Trump dijera que las facturas de servicios públicos —una gran preocupación para los votantes— serán más bajas.
“Las facturas de electricidad para las familias estadounidenses en realidad van a bajar”, sostuvo. “Les va a sobrar mucha electricidad, y la van a incorporar a la red”.
La Casa Blanca informó el jueves que el compromiso ha sido firmado por 23 gobernadores y al menos 187 empresas, entre ellas, 55 compañías de servicios públicos y 27 desarrolladores de centros de datos. Entre los firmantes figuran algunas de las mayores empresas de servicios públicos del país, como NextEra Energy, Duke Energy, American Electric Power, Southern Co. y Pacific Gas & Electric.
Entre los desarrolladores de centros de datos que firmaron el compromiso están Equinix, Digital Realty y Prologis.
Una desaceleración en la construcción de centros de datos podría descarrilar lo que ha sido uno de los motores dominantes del crecimiento económico de Estados Unidos, además de que podría ceder a China la ventaja de cultivar la tecnología y crear riesgos para la seguridad nacional.
Pero la creciente capacidad de la IA para realizar tareas básicas —como conducir, analizar hojas de cálculo y escribir software— también amenaza millones de empleos. Eso ha generado una resistencia pública cada vez mayor, a medida que las empresas tecnológicas concentran niveles históricos de riqueza en manos de un grupo selecto de magnates.
El aumento de la demanda de electricidad podría hacer que las facturas mensuales de servicios públicos suban entre 15% y 40% para 2030, según un análisis reciente de ICF, una empresa de consultoría y servicios tecnológicos.
La oposición a los centros de datos se ha convertido en un asunto bipartidista. A los votantes les preocupa el impacto ambiental, el uso de la IA en las escuelas y la posibilidad de que los centros de datos encarezcan sus comunidades y las hagan menos habitables. Las empresas de centros de datos dicen que sus instalaciones ayudan a generar ingresos fiscales para los distritos escolares y a reducir la carga del impuesto a la propiedad para los propietarios de viviendas.
La oposición se ha extendido al bastión republicano de la zona rural de Texas y ha provocado frustración con el gobernador Greg Abbott, que es uno de los 23 gobernadores republicanos que firmaron el compromiso no vinculante de Trump.
Gina Hinojosa, la candidata demócrata a gobernadora de Texas, ha usado el tema para desafiar a Abbott antes de las elecciones de noviembre.
“Son propiedad de los hombres más ricos del mundo”, dijo, refiriéndose a los centros de datos. “Todos pagamos la cuenta. No hay reglas. Es el Lejano Oeste de los centros de datos”.
La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una orden para prohibir durante un año la construcción de grandes almacenes de servidores en su estado. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó en mayo una ley que, según dijo, impediría que las compañías de servicios públicos trasladen a los clientes residenciales y a las pequeñas empresas los costos de energía derivados de los centros de datos.
Decenas de asambleas legislativas estatales o comisiones de servicios públicos ya han tomado medidas para establecer requisitos que obliguen a los centros de datos a pagar el costo de su electricidad, incluidas nuevas plantas de energía o mejoras del sistema de transmisión.
En California, sin embargo, la industria se opone a una legislación diseñada para proteger a los consumidores de aumentos en los precios de la electricidad atribuibles a los centros de datos, dijo Matthew Freedman, abogado adscrito de Utility Reform Network.
“Es decepcionante, pero quizá no sorprendente, que las mismas empresas tecnológicas que firman el Compromiso de Protección al Consumidor, al mismo tiempo se opongan a los esfuerzos a nivel estatal para obligarlas a cumplir sus promesas”, señaló Freedman.
En una entrevista que sostuvo el mes pasado con The Associated Press, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, cuyos chips informáticos posibilitan la revolución de la IA, dijo que la debilidad de Estados Unidos es la falta de generación eléctrica para seguir desarrollando la tecnología.
Google, Microsoft, Meta, Oracle, xAI, OpenAI y Amazon son algunas de las empresas que ya se han integrado al “Compromiso de Protección al Consumidor” del gobierno de Trump, según el cual los consumidores no cargarán con el costo de la expansión de los centros de datos.
Pese al compromiso, existen desafíos para abordar los problemas relacionados con los precios de la electricidad.
La Casa Blanca se ha quejado de que PJM Interconnection, que supervisa la energía eléctrica en 13 estados desde Virginia hasta Illinois, no puede garantizar suministros adecuados de electricidad a precios razonables en el auge impulsado por la IA.
La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, dijo el jueves que PJM —el mayor operador de red del país— no ha implementado una declaración bipartidista de principios firmada por el gobierno de Trump y los 13 gobernadores de la región.
“El gobierno de Trump recomienda encarecidamente a PJM y a sus empresas miembros que reformen de manera proactiva su proceso con las partes interesadas, reformen la gobernanza de su junta directiva e implementen la Declaración de Principios antes de que sea demasiado tarde”, afirmó Rogers.
Existen esfuerzos para formalizar como ley el compromiso de Trump, y el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley bipartidista. El proyecto exigiría que los centros de datos asuman los costos de las mejoras de la red.
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El periodista de The Associated Press Marc Levy en Harrisburg, Pensilvania, contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
