Los combates transfronterizos entre Pakistán y Afganistán han causado la muerte de casi 500 civiles en Afganistán y heridas a más de 1.000 personas más entre octubre y finales de junio, informó el martes Naciones Unidas.
En un informe sobre la situación de los derechos humanos, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán señaló que había documentado 499 civiles muertos y 1.216 heridos por los enfrentamientos entre los países vecinos,
que han desafiado los esfuerzos internacionales de paz.
En un caso, indicó el reporte, civiles que intentaban rescatar a otras personas de entre los escombros de un ataque aéreo fueron alcanzados por un segundo bombardeo.
El reporte también analiza otros asuntos de derechos humanos, como una represión mortal contra protestas en el oeste de Afganistán por las restricciones a la vestimenta de las mujeres, y decretos que, en esencia, legalizan el matrimonio infantil.
Pakistán y Afganistán llevan meses combatiendo de manera intermitente. La tensión se intensificó de forma significativa en febrero, cuando fuerzas afganas lanzaron una incursión en Pakistán en represalia por ataques aéreos paquistaníes dentro de Afganistán, e Islamabad declaró que estaba en una “guerra abierta”.
Pakistán acusa a Afganistán de albergar a milicianos que perpetran ataques mortales que han matado a miles de personas a lo largo de los años en Pakistán, especialmente los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan. El grupo es aliado de los talibanes afganos, que gobiernan Afganistán desde que tomaron el poder en 2021 en medio de la caótica retirada de tropas lideradas por Estados Unidos. Kabul niega la acusación.
En el ataque más mortífero de los enfrentamientos, un bombardeo paquistaní alcanzó en marzo un centro de tratamiento de drogas en la capital afgana, Kabul, y mató a cientos de civiles. El grupo de derechos Amnistía Internacional afirmó la semana pasada que el bombardeo debería investigarse como un posible crimen de guerra.
Pakistán no ha ofrecido una cifra global de víctimas civiles causadas por los combates transfronterizos en su territorio. La misión de la ONU, conocida por sus siglas UNAMA, señaló que su mandato se limita a monitorear incidentes en Afganistán.
En una respuesta por escrito al informe de UNAMA, el Ministerio paquistaní de Exteriores sostuvo que el gobierno talibán de Afganistán “sigue manteniendo un entorno permisivo para una variedad de organizaciones (armadas)”.
La respuesta no mencionó las víctimas civiles afganas, pero afirmó que los ataques militares de Pakistán “se dirigieron exclusivamente a escondites terroristas identificados, santuarios e infraestructura de apoyo vinculada a grupos responsables de ataques dentro de Pakistán”.
Las cientos de víctimas civiles registradas por UNAMA incluyen a 22 personas —cinco de ellas niños— que murieron en dos ataques aéreos sucesivos contra un edificio residencial en la provincia oriental de Paktia el 28 de junio. Al menos otras 185 resultaron heridas.
La mayoría de las muertes y lesiones fueron causadas por el segundo ataque, cuando habitantes de la zona intentaban rescatar a las víctimas del primero.
“El derecho internacional humanitario brinda protecciones especiales al personal médico y a los trabajadores humanitarios, incluidos los equipos de primera respuesta", afirmó Fiona Frazer, directora de derechos humanos de UNAMA. "Los ataques contra ellos mientras desempeñan sus funciones están estrictamente prohibidos”.
El informe de UNAMA también destacó los problemas que enfrentan las mujeres, sometidas a restricciones draconianas por el gobierno talibán de Afganistán. Entre ellas figuran la prohibición de la educación más allá de la primaria, un estricto código de vestimenta, la prohibición de trabajar en casi todas las profesiones y la exigencia de estar acompañadas por un familiar varón cuando están fuera del hogar.
El informe detalló una represión en la ciudad occidental de Herat en junio, donde al menos 30 mujeres fueron detenidas bajo acusaciones de violar el código de vestimenta. Al menos una persona murió y varias más resultaron heridas cuando las autoridades abrieron fuego durante una inusual protesta contra las detenciones.
Las normas que regulan la vestimenta de las mujeres estipulan que sólo pueden salir en público con un atuendo completo que incluye un pañuelo en la cabeza y una túnica que cubre todo el cuerpo, además de un velo facial que sólo deja visibles los ojos. La aplicación de estas normas está a cargo del temido Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio.
Sin embargo, las interpretaciones de las reglas y de lo que constituye llevar correctamente el hiyab varían y pueden aplicarse de manera arbitraria.
El informe de UNAMA indicó que funcionarios de Virtud y Vicio visitaron clínicas de salud y tiendas en diversas partes del país para aconsejarles que negaran la entrada a mujeres que no estuvieran acompañadas por un familiar varón.
El informe también señaló que nuevas normas sobre la separación en el matrimonio “sancionan implícitamente el matrimonio infantil” al permitir que se concierten contratos matrimoniales para menores de edad.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
