BOGOTÁ (AP) — La estatal Defensoría del Pueblo reportó el viernes que 78 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en el primer semestre del año y reclamó la protección de este tipo de activistas en el país sudamericano a dos semanas de la llegada del nuevo gobierno del conservador Abelardo de la Espriella.
“Debe ser una decisión impostergable proteger la vida de quienes defienden los derechos humanos y construyen
paz en los territorios”, afirmó la Defensoría en un comunicado.
El reporte indica que fueron asesinados 61 hombres y 17 mujeres entre enero y junio de este año, una disminución del número de víctimas fatales respecto al mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 89 asesinatos.
Colombia no ha logrado revertir la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, pese a que consecutivos gobiernos han avanzado en políticas a su favor. La Defensoría del Pueblo calcula que en la última década han sido asesinados en el país 1.741 activistas.
El seguimiento a este tipo de crímenes se intensificó a partir del 2016, cuando el Estado firmó un histórico acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
Aunque después de la firma del acuerdo la violencia disminuyó, se elevó paulatinamente a medida que otros grupos armados ilegales —incluidas las disidencias de las FARC— cooptaron los territorios estratégicos para desarrollar economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
La fiscalía ha señalado a los grupos armados ilegales de ser los mayores perpetradores de los homicidios contra líderes sociales, especialmente las disidencias de las FARC, el cártel de la droga Clan del Golfo y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.
El saliente gobierno del progresista Gustavo Petro emprendió negociaciones de paz paralelas con los grupos armados ilegales sin lograr desarmarlos. De la Espriella, quien asumirá el poder el 7 de agosto, ha prometido acabar con los diálogos, dando a los ilegales la posibilidad de someterse a la justicia o ser objetivo militar.
De la Espriella aún no ha trazado un plan detallado para proteger a los líderes sociales; sin embargo, en campaña dijo que la protección de las comunidades en los territorios en conflicto armado pasará por combatir a los ilegales.
La violencia ha obligado a desplazarse a 15.960 personas en Colombia y a que 64.787 estén confinadas, con restricción de movimientos por las amenazas de armados, entre enero y junio, según advirtió la víspera la Defensoría del Pueblo.
Además, en ese mismo periodo han muerto 272 personas en 68 masacres, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, un observatorio sobre el conflicto interno.
