KABUL, Afganistán (AP) — El ataque aéreo pakistaní realizado en marzo que alcanzó un centro de tratamiento de adicciones en Kabul, la capital afgana, y mató a cientos de civiles, se debe investigar como posible crimen de guerra, afirmó Amnistía Internacional.
El grupo de derechos humanos indicó el miércoles en una publicación en redes sociales que no había “encontrado pruebas que respalden” las afirmaciones de Pakistán de que el centro de rehabilitación de adicciones Omid se utilizaba con fines militares o para almacenar municiones y armas.
Afganistán señaló que en el ataque del 16 de marzo murieron unos 400 civiles en las instalaciones. Pakistán ha cuestionado la cifra de muertos y ha insistido en que apuntaba a una instalación militar.
La misión
de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés), manifestó en mayo que había verificado de manera independiente al menos 269 muertes de civiles y 122 heridos, pero que “la cifra real podría ser significativamente mayor”. Las autoridades afganas celebraron al menos dos funerales masivos para las víctimas del ataque en marzo.
El centro Omid, con 2.000 camas, había funcionado como instalación de tratamiento de adicción a las drogas durante aproximadamente una década. Estaba ubicado cerca del aeropuerto internacional de Kabul, en lo que antes fue parte de una base militar de la OTAN.
Amnistía Internacional publicó el martes una investigación sobre el ataque, en la que indicó que había analizado y verificado más de 60 fotos y videos, entre ellos, varios videos difundidos por el ejército pakistaní, además de revisar más de 30 imágenes satelitales de la zona y realizar entrevistas.
El organismo señaló que ninguno de los videos “permite identificar pruebas concluyentes de armas, municiones u otros materiales explosivos almacenados en el área. Las imágenes no muestran explosiones secundarias inmediatamente después de los ataques, lo que constituiría evidencia de un posible almacenamiento de municiones”.
El ataque contra la instalación de tratamiento de adicciones se produjo durante un periodo de meses de fuego transfronterizo entre Pakistán y Afganistán que comenzó el año pasado y se intensificó en febrero, cuando Islamabad declaró que estaba en “guerra abierta” con Kabul.
La UNAMA afirma haber documentado un total de 372 civiles muertos y casi 400 heridos en Afganistán entre el 1 de enero y finales de marzo únicamente debido a la violencia transfronteriza. Varias rondas de conversaciones de paz mediadas internacionalmente no han logrado producir una tregua duradera.
A finales de junio, más de dos docenas de civiles en tres provincias del este de Afganistán murieron en un ataque transfronterizo de Pakistán, y la UNAMA confirmó al menos 28 civiles fallecidos.
Pakistán acusa a Afganistán de dar refugio a combatientes que realizan ataques mortales dentro de Pakistán, especialmente los talibanes pakistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. El grupo es independiente, pero aliado, de los talibanes afganos, que han gobernado Afganistán desde que tomaron el poder en el país en 2021, en medio de la caótica retirada de tropas lideradas por Estados Unidos. Kabul niega la acusación.
En su informe, Amnistía Internacional sostuvo que el ataque de Pakistán contra el centro de tratamiento Omid “violó la protección especial otorgada a las instalaciones sanitarias en virtud del derecho internacional humanitario..., así como los principios de distinción, precaución y proporcionalidad diseñados para proteger a los civiles”.
Isabelle Lassee, directora regional interina de Amnistía Internacional para Asia Meridional, señaló que el ataque “constituye una grave violación del derecho internacional humanitario, que posiblemente equivalga a un crimen de guerra. Dada la información ampliamente disponible de que el lugar se había utilizado como instalación médica durante más de una década, esto refleja un grave fallo en la planificación militar de Pakistán que condujo a una pérdida significativa de vidas civiles”.
En las horas posteriores al ataque, el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, publicó en X que el ejército pakistaní había “llevado a cabo ataques aéreos de precisión” dirigidos contra instalaciones militares y que se destruyeron “infraestructura de apoyo técnico y depósitos de municiones” en dos ubicaciones de Kabul.
Amnistía Internacional indicó que se había puesto en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán el 9 de julio para solicitar detalles sobre si se había iniciado alguna investigación sobre el ataque y para pedir cualquier información que sustentara la afirmación de que el objetivo había sido un depósito de armas y municiones. Señaló que no había recibido respuesta para el momento en que se publicó su informe.
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Becatoros informó desde Atenas, Grecia.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
