El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado medidas para desestimar su caso penal contra un dirigente sindical que fue arrestado mientras protestaba por la ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump contra la inmigración en California.
La fiscalía federal en Los Ángeles presentó una moción el lunes para desestimar su caso contra David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, que cuenta
con más de 750.000 afiliados, entre ellos conserjes, guardias de seguridad y otros trabajadores. El gobierno procurará que el caso sea retirado de manera permanente en cuestión de semanas si Huerta sigue cumpliendo las condiciones de su libertad previa al juicio y no se mete en problemas, indicaron los fiscales.
Huerta señaló en un comunicado que fue derribado, rociado con gas lacrimógeno y detenido por ejercer sus derechos constitucionales a protestar, y calificó el caso en su contra como parte de una “instrumentalización del sistema judicial” más amplia.
“Nunca hubo un caso real, sólo un intento de castigarme y silenciarme por ejercer mis derechos constitucionales", manifestó en el comunicado. "Seguiré ejerciendo mis derechos constitucionales y protestaré contra cada abuso que cometa este gobierno, y seguiré trabajando para construir un país que trate a las familias inmigrantes y a todos los trabajadores con la dignidad que merecen”.
El Departamento de Justicia ya había reducido a delito menor el cargo de obstrucción grave y, al avanzar ahora para desestimarlo por completo, se está apartando totalmente de un proceso que había sido anunciado con bombo y platillo en redes sociales tras el arresto de Huerta hace más de un año. Es el más reciente revés en los tribunales para un departamento que ha tenido dificultades, en oficinas de todo el país, en sus procesos contra personas acusadas de agredir u obstaculizar a agentes federales mientras protestaban contra la ofensiva migratoria de Trump.
La fiscalía federal en Los Ángeles declaró en su propio comunicado que las fuerzas policiales actuaron justificadamente al arrestar a Huerta, haciendo notar que fue acusado de interferir con una orden judicial de registro, y manifestando que el Departamento de Justicia no arresta a personas tan sólo por protestar pacíficamente. La oficina también indicó que Huerta ha cumplido las condiciones de su fianza durante más de un año y que está preparada para desestimar el caso si continúa haciéndolo.
“De conformidad con un acuerdo celebrado con nuestra oficina, si el señor Huerta continúa cumpliendo las condiciones de su libertad previa al juicio, esperamos que el caso penal en su contra sea desestimado por completo para finales del próximo mes’”, señala el comunicado.
Huerta fue arrestado en junio de 2025 mientras protestaba frente a un negocio en Los Ángeles, en el que agentes federales investigaban presuntas violaciones a las leyes de inmigración. El incidente ocurrió en medio de protestas generalizadas por la ofensiva federal contra la inmigración, ante lo cual Trump tomó la medida extraordinaria de desplegar a la Guardia Nacional en la segunda ciudad más grande del país.
Las autoridades indicaron que Huerta se sentó frente a una reja vehicular y animó a otros a caminar en círculos para intentar impedir que las fuerzas policiales entraran o salieran, y que se resistió cuando un agente le dijo que se fuera y puso las manos sobre Huerta para apartarlo del paso de un vehículo.
Dirigentes sindicales y activistas por los inmigrantes se manifestaron en ciudades en diversas partes del país para exigir la liberación de Huerta, y él se convirtió en el rostro de la resistencia frente a los empeños del presidente republicano por aumentar los arrestos migratorios. Algunos demócratas de mayor rango también respondieron con dureza. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y los dos senadores demócratas de California escribieron una carta a funcionarios federales en la que exigieron respuestas sobre el arresto de Huerta. El senador Adam Schiff de California asistió a la audiencia de fianza del líder sindical.
“Es profundamente preocupante que un ciudadano de Estados Unidos, dirigente sindical y miembro ejemplar de la comunidad de Los Ángeles continúe detenido por el gobierno federal por ejercer su derecho a observar la aplicación de las leyes de inmigración”, escribieron los senadores.
En un principio los fiscales federales acusaron a Huerta de obstrucción grave, y Bill Essayli, el principal fiscal federal en Los Ángeles, declaró que no importaba quién estuviera protestando: “si usted obstaculiza a agentes federales, será arrestado y procesado”. En octubre, los fiscales redujeron el cargo contra Huerta a un delito menor.
Los abogados de Huerta, Abbe Lowell y Marilyn Bednarski, señalaron en un comunicado que el caso contra su cliente carecía de fundamento legal.
“Este caso, como otros, buscó silenciar las críticas a las acciones migratorias indebidas del gobierno. La presentación (de la moción) de hoy es prueba de que David y otros críticos no serán silenciados”, expresaron los abogados.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
