LIMA (AP) — Familiares de asesinados por la fuerza pública en los últimos 40 años en Perú junto a asociaciones de derechos humanos anunciaron el martes que marcharán en Lima el 28 de julio en protesta contra el inicio del gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori cuya cuya próxima gestión indicaron que no los "representa”.
En conferencia de prensa, Milagros Samillán, hermana de uno de los 50 civiles asesinados en protestas contra el gobierno de la entonces mandataria Dina Boluarte (2022-2025), cuya gestión fue protegida por el partido de Fujimori, indicó que no iban a conversar con la “responsable” de blindar a Boluarte, además de ser "la hija de un dictador” que violó derechos humanos y "esterilizó mujeres sin su consentimiento".
Boluarte
sucedió al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) quien fue destituido por el Parlamento tras intentar disolver sin éxito el Congreso. Castillo luego fue condenado a 11 años de cárcel por conspiración para una rebelión. También es investigado por presunta corrupción. La remoción de Castillo provocó protestas que exigían la renuncia de Boluarte y convocatoria a nuevas elecciones que dejaron 50 civiles muertos entre 2022 y 2023.
Keiko Fujimori es hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) quien en 1992 disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial. En 2007, Alberto fue condenado por corrupción y por el asesinato de 25 peruanos ejecutados por un grupo clandestino de militares que, usando métodos de guerra sucia, se enfrentaba al grupo violento Sendero Luminoso. Los militares fueron protegidos por Fujimori.
Pese a morir en libertad, en 2024, Alberto Fujimori seguía investigado por su presunta autoría intelectual en la modalidad de lesiones, seguidas de muerte, en el caso de cinco mujeres y por lesiones graves contra otras 1.307 mujeres, todas esterilizadas a la fuerza durante un programa de salud reproductiva entre 1996 y 2000.
Gisela Ortiz, hermana de uno de los 25 asesinados por militares durante el gobierno de Alberto Fujimori, indicó que la presencia de políticos del gobierno de Alberto Fujimori en el partido de Keiko Fujimori “nos hace señalar que no estamos ante un nuevo gobierno... estamos ahora en una consolidación de un proyecto autoritario".
Dos senadoras electas por el partido de Keiko Fujimori fueron congresistas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Ortiz es hermana de un universitario secuestrado en 1992 por militares de dormitorios de la Universidad La Cantuta junto a ocho estudiantes y un profesor. Según testimonios judiciales, todos fueron llevados a una zona deshabitada, obligados a cavar fosas y luego asesinados con tiros en la cabeza. Sus cuerpos fueron incinerados y cambiados de lugar para evitar hallazgo e identificación. Al momento faltan encontrar cuatro restos.
“No vamos a reconocer jamás a Keiko Fujimori, fue parte del gobierno corrupto de su padre” de quien fue primera dama durante su gobierno, dijo Ortiz.
Partidos opositores le han pedido a Keiko Fujimori que impulse la búsqueda de justicia para las víctimas de las protestas de 2022 y 2023 donde, según un informe de Naciones Unidas, las fuerzas de seguridad violaron derechos humanos, dispararon armas de fuego y torturaron. Fujimori no se ha pronunciado.
Hace una semana, Fujimori dijo sin dar detalles que cree “profundamente en la reconciliación”.
"He aprendido a pedir perdón, pero sobre todo a perdonar”, señaló.
La víspera el partido de Fujimori —que preside el saliente Parlamento (2021-2026)— aprobó una controvertida ley para que los delitos cometidos por policías y militares —incluidos asesinatos, violaciones sexuales, torturas o coimas— ya no sean juzgados por tribunales civiles, como ocurre, sino por tribunales militares.
