CARACAS (AP) — Un mes después de los dos devastadores terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio, familiares aún excavan en busca de sus seres queridos bajos los escombros, mientras la incertidumbre reina entre muchos ante las dificultades para comenzar la reparación de sus hogares.
Las excavaciones a las que se suman voluntarios tienen lugar en edificaciones derrumbadas de forma parcial o total, donde aún los escombros no han sido removidos
con maquinaria pesada. La posibilidad de localizar a alguien con vida parece ya casi imposible y la mayoría de los rescatistas internacionales se fueron del país.
Muchos aseguran que, tal como no recibieron ayuda del gobierno para rescatar a sobrevivientes justo después de los sismos, ahora tampoco cuentan con el apoyo necesario para desenterrar a sus muertos. El gobierno niega esos señalamientos.
Por otro lado, la reconstrucción es un reto financiero para la mayoría de las familias afectadas, cuyos ingresos ya eran deficitarios antes de los dos sismos sucesivos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos a lo largo de la cordillera de la costa norte de Venezuela.
“Estamos agradecidos de estar vivos, de tener todavía dónde vivir”, dijo a The Associated Press Rafael Quintero. Pero la falta de certeza sobre “lo que ocurrirá en el futuro” profundiza las dudas de este administrador de 36 años.
Las dificultades obedecen a la falta de recursos y a las demoras en conseguir el permiso para realizar las reparaciones debido a sucesivas inspecciones que se solapan unas con otras y en ocasiones son contradictorias, sostienen los damnificados.
La cifra de fallecidos asciende a por lo menos 5.398 y el número de heridos se mantiene en 16.740 desde hace dos semanas, según el último reporte difundido el miércoles por el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La mayoría de los decesos se produjeron en el estado costanero de La Guaira, que fue la región más afectada por los sismos y se ubica en el lado norte de la cordillera que separa la capital venezolana, Caracas, del mar Caribe.
Un total de 856 edificios sufrieron daños y de ellos 190 colapsaron totalmente, mientras que más de 1.600 estructuras de otra índole, como puentes y carreteras, también fueron afectadas.
El gobierno estima que los terremotos dejaron 17.907 personas sin hogar y que más de 21.000 que sufrieron daños de distinto tipo reciben refugio en 107 campamentos instalados en La Guaira, Caracas y el vecino estado Miranda.
El gobierno sostiene que está acelerando el proceso de reconstrucción y alquiler de viviendas.
La presidenta prometió entregar 4.000 viviendas que ya estaban en construcción antes de diciembre para los afectados y construir otras más para superar las 10.000 el año próximo.
Las alcaldías y gobernaciones, entre otros organismos, han empezado a brindar ayuda para remover escombros y donar materiales para la reparación de las viviendas dañadas que no han sido declaradas inhabitables.
Rodríguez también ha dicho que el gobierno “está en la revisión de los suelos”. Su administración rechaza las denuncias que señalan que muchos de los edificios colapsados fueron construidos por el sector público en terrenos inestables. Los críticos dicen que se habrían saltado regulaciones por la prisa de entregar viviendas luego de pasadas tragedias naturales que dejaron a miles sin hogar.
“Los daños en mi casa tienen arreglo, pero no hay dinero, eso me quita el sueño”, resaltó Quintero. Solicitar un crédito para Quintero y muchos otros no es una opción.
Los créditos en la banca pública y privada son casi inexistentes para la mayoría de los venezolanos.
El porcentaje de los depósitos totales que un banco debe mantener como reserva obligatoria en el Banco Central se ubica en alrededor del 73%, lo que limita severamente el crédito. La medida busca controlar la liquidez para frenar la presión sobre el tipo de cambio y la inflación, y se mantiene pese a los sostenidos pedidos para que sea reducido de expertos y gremios financieros.
“Ahora más que nunca toca tener varios trabajos, y bueno, no perder la fe”, dijo Genesis Ramírez, que renunció a su trabajo como empleada pública para mejorar sus ingresos realizando servicios de entrega de paquetes y vendiendo postres y almuerzos.
Los venezolanos están agobiados por los bajos salarios fijados en bolívares y los elevados precios de los bienes que en los últimos años se fijan en dólares.
La mayoría de los 3,5 millones de trabajadores del sector público subsisten con aproximadamente 190 dólares al mes, casi en su totalidad bonos. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, un organismo independiente, un empleado promedio del sector privado ganaba el año pasado alrededor de 237 dólares mensuales.
Numerosos venezolanos tienen dos o más empleos para mejorar sus ingresos. El precio de una canasta básica de alimentos ha superado los 500 dólares, según el Observatorio.
La crisis social y económica en la última década empujó a más de 7,7 millones de personas a emigrar en busca de mejores condiciones.
