LA HAYA, Países Bajos (AP) — Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) retiraron a regañadientes un caso el jueves contra un rebelde sudanés prófugo acusado de atacar a fuerzas de paz de la Unión Africana en Darfur hace casi 20 años, luego que los fiscales afirmaran que ya no podían probar su caso en el juicio.
Los jueces fueron inusualmente críticos con los fiscales del tribunal mundial en una decisión escrita hecha pública la semana pasada,
en la que aprobaron su solicitud de retirar los cargos contra Abdallah Banda, quien enfrentaba tres cargos por crímenes de guerra relacionados con su presunta participación en un ataque mortal en 2007 contra un campamento de mantenimiento de la paz en el norte de Darfur.
En un comunicado escrito, la CPI indicó el jueves que los jueces “determinaron que la fiscalía no había demostrado que las pruebas que sustentan los cargos confirmados se hubieran deteriorado hasta tal punto que el caso ya no pudiera avanzar a juicio”.
Pero los jueces resolvieron que “seguir adelante con el juicio en este caso en particular, con un fiscal que se niega a presentar el caso pese a las obligaciones probatorias y legales de hacerlo, contravendrá la obligación última de la Sala de garantizar un juicio justo y eficiente”.
Los fiscales reconocieron que su solicitud tendrá un impacto en 103 víctimas del caso “que han esperado durante más de 15 años justicia por los crímenes cometidos durante el ataque” contra los cascos azules. Sin embargo, sostuvieron que sufrieron contratiempos, entre ellos que dos testigos clave ya no son considerados creíbles y que un nuevo testigo se presentó con un testimonio que podría ayudar a exonerar a Banda.
Como resultado, escribieron los fiscales en su solicitud para retirar los cargos: “la fiscalía ahora ya no considera que existan perspectivas razonables de condenar al señor Banda por ninguno de los cargos en su contra”. Añadieron que un analista independiente que estudió las pruebas coincidió con su evaluación.
La decisión fue tomada en un momento en que la CPI enfrenta un esfuerzo concertado del gobierno de Trump para “desmantelar” la corte mundial y cuando el fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, enfrenta una votación el viernes entre los 125 Estados miembros de la CPI sobre si destituirlo por acusaciones —que él niega— de conducta sexual indebida con una asistente.
Hace dos décadas, la región sudanesa de Darfur se volvió sinónimo de genocidio y crímenes de guerra, en particular por parte de las notorias milicias árabes Janjaweed, contra poblaciones que se identifican como centroafricanas u originarias del este de África. Hasta 300.000 personas murieron y 2,7 millones fueron expulsadas de sus hogares.
El año pasado, la CPI condenó a un líder Janjaweed y lo sentenció a 20 años de prisión el martes por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto de Darfur hace más de dos décadas.
El entonces presidente Omar al-Bashir ha sido acusado por la CPI de delitos que incluyen genocidio, pero no ha sido entregado para que enfrente a la justicia en La Haya, pese a haber sido derrocado del poder y detenido.
Los fiscales de la CPI creen que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad continúan en Darfur, donde la guerra civil se ha prolongado por más de dos años. La fiscal adjunta del tribunal, Nazhat Shameem Khan, declaró el año pasado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la crisis humanitaria en Darfur “ha alcanzado un estado intolerable”, con el agravamiento de la hambruna y el ataque continuo contra hospitales, convoyes humanitarios y otra infraestructura civil.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
