BRUSELAS (AP) — La Unión Europea multó el jueves a Google con 890 millones de euros (1.000 millones de dólares) tras determinar que el gigante tecnológico infringió las normas antimonopolio digitales al configurar Google Play y su omnipresente motor de búsqueda para encauzar a los consumidores hacia sus propios servicios y aplicaciones en detrimento de la competencia.
Es la última gran ofensiva de Bruselas contra las grandes tecnológicas, en una estrategia
con la que ha liderado a nivel global a la hora de poner límites a algunas de las mayores empresas del planeta, desde Silicon Valley hasta Beijing.
Google había perdido recientemente una apelación contra una multa antimonopolio de 4.500 millones de dólares impuesta por frenar la competencia y reducir las opciones de los consumidores mediante el dominio de su sistema operativo móvil Android.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, afirmó que actuaba en interés de los consumidores.
“Los mejores productos deberían triunfar porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el motor de búsqueda. Y los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les indiquen dónde pueden acceder a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no se lleva una comisión”, dijo Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión y comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva.
El presidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker, arremetió contra la multa calificándola de “degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de denunciantes interesados” que afectará negativamente a las empresas y los consumidores europeos.
La Ley de Mercados Digitales del bloque obliga a Google “a eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que a los europeos les encantan —como los precios instantáneos y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes— y a desmantelar las protecciones de seguridad en Google Play”, añadió.
“En la UE, las empresas tienen derecho a competir de manera justa. Los guardianes del acceso tienen la obligación de garantizar unas condiciones equitativas y los consumidores el derecho a elegir ofertas alternativas más baratas”, apuntó el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
