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Nicaragüenses en el exilio en Costa Rica y Estados Unidos pidieron este domingo justicia y ayuda internacional para presionar el fin del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al conmemorar ocho años de la represión contra manifestantes en Managua que dejó más de 300 muertos. Bajo el gobierno de los esposos y copresidentes Ortega-Murillo cientos de miles de nicaragüenses han sido obligados al exilio, entre ellos políticos, intelectuales, religiosos, estudiantes, líderes sociales y periodistas. Algunos de ellos han sido expulsados en los últimos años hacia otros países y el gobierno les ha retirado su derecho a la nacionalidad. "No hay democracia, ni paz, mientras no haya justicia", dijo la familiar de una de las víctimas, que pidió la reserva de su nombre, al leer un comunicado durante una homilía en la iglesia de San Francisco, en San José, la capital costarricense, donde se han refugiado miles de nicaragüenses. Al acto religioso asistieron varios parientes de las víctimas, entre ellos Claudia Vargas, viuda del mayor retirado Roberto Samcam. Ella responsabiliza al gobierno de Ortega del asesinato en junio pasado de su compañero, en suelo costarricense. En las afueras del templo, los familiares dispusieron decenas de fotografías con los nombres de las víctimas. En tanto, medios nicaragüenses en el exilio, informaron de actos paralelos en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, California, Charlotte, Carolina del Norte, Indianápolis, Washington y Nueva York. El obispo auxiliar de Nicaragua, Silvio Báez, exiliado en Estados Unidos, recordó en la iglesia Santa Ágatha, en Miami, que "una dictadura criminal reaccionó con violencia, reprimiendo y asesinado a centenares de nicaragüenses" en abril de 2018. En esa ciudad, diversas organizaciones suscribieron una proclama de 13 puntos donde piden apoyo a la OEA, a la ONU, Estados Unidos y a la Unión Europea para lograr una transición democrática. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una declaración en X por el aniversario de las protestas condenó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y urgió al gobierno a restablecer el Estado de derecho, poner fin a la represión, liberar inmediatamente a presos políticos y cesar la impunidad. Ortega y Murillo consideraron las manifestaciones de 2018 como un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos, que considera al gobierno de Ortega como una dictadura y recientemente lo sancionó junto a su esposa, sus hijos, militares, policías y funcionarios a su servicio. Ortega, de 80 años, gobernó Nicaragua en la década de los ochenta. Tras varios años en la oposición, ganó de nuevo la presidencia en 2007 y desde entonces se mantiene en el poder por medio de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional. ec/cjc
