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Familiares de las víctimas del derrumbe de una discoteca en República Dominicana clamaron el lunes justicia en medio de una audiencia celebrada en vísperas del primer aniversario de la tragedia que dejó más de 200 muertos. El 8 de abril de 2025 el techo del club Jet Set se derrumbó durante el concierto del popular cantante de merengue Rubby Pérez, quien también falleció junto a otras 235 personas. "¡Son unos criminales, unos asesinos!", gritaban familiares agrupados a las afueras de la sala donde se celebró la audiencia a Antonio Espaillat, dueño y gerente de Jet Set, y a su hermana Maribel, administradora del local nocturno. En el grupo se encontraba Juanita Brea, madre de Nelfisis Sánchez Brea, quien asistió al club para celebrar su cumpleaños junto a su esposo, el exgrandeliga Tony Blanco. La pareja murió tras el desplome de la estructura y dejó a un bebé huérfano. "Lo que necesito es que ellos paguen también, como yo he llorado todos los días del mundo, que ellos paguen porque ahí anda su niño y no sé qué le voy a decir mañana", dijo a la AFP Juanita Brea. Los hermanos Espaillat fueron arrestados por homicidio involuntario, pero luego puestos en libertad condicional tras pagar una fianza de unos 842.500 dólares. "Había que ponerle alfombra roja a esos criminales", gritaba Brea mientras los empresarios ingresaban a la sala de audiencias. "Es fuerte, justicia, necesito justicia, se lo dije a ellos, a los Espaillat, los quería conocer y los conocí de frente y se lo dije: 'Ustedes sabían que eso iba a suceder y que eso iba a caer y no hicieron nada'", agregó Brea. La Fiscalía presentó en noviembre pasado una acusación formal y solicitó iniciar el juicio. El cargo de homicidio involuntario conlleva una pena de tres meses a dos años de cárcel. El expediente indica que los "acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos (depósitos) de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura". "Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes", señaló el Ministerio Público en un comunicado. La próxima audiencia fue fijada para el 20 de abril. str-mbj/pgf/mr
